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| Escena ficticia recreada mediante IA |
La segunda mitad del siglo XIX en los Valles Occidentales aragoneses, fue turbulenta y llena de episodios violentos ligados casi siempre a la práctica del contrabando y a su represión por parte de las autoridades. Tras los peores años, de 1857 a 1859, en los que se llegó a decretar el Estado de Sitio en los valles de Echo y Ansó, (ver enlace sobre el tema: https://echosinhache.blogspot.com/2022/01/1857-1859-el-estado-de-sitio-para-la.html ) la actuación represiva y una paulatina mejora de las condiciones económicas de la población, fueron disminuyendo, que no acabando, con la acción de los contrabandistas. No obstante, un retén de carabineros se mantenía permanente en las poblaciones de Echo y Siresa (también en Ansó) con varios puntos de control fronterizo, tanto en el Camino Viejo de Oza como en el cuartel de Guarrinza situado cercano a las casas de La Mina y denominado así mismo Cuartel de La Mina.
El miércoles 28 de febrero de 1894, El Correo Español diario tradicionalista de influencia carlista que se editó en Madrid desde 1888 a 1921, traía en la página 2 la siguiente noticia:
Crimen.- En Siresa, pueblo inmediato a Jaca, se cometió noches atrás un horrible crimen. Después de haber pasado jugando algunas horas en una taberna, el carabinero Antonio S. (por respeto a la victima y a los descendientes de los protagonistas del suceso no incluyo los apellidos) y el paisano Juan M., surgió entre ambos una cuestión, quedando el carabinero tendido en la calle acribillado a puñaladas. El agresor ha desaparecido del pueblo.
Del contenido de la noticia se podría deducir que la "cuestión" o disputa podría haber tenido que ver con el juego de cartas, pero días después nos encontramos con la siguiente crónica, ésta vez publicada en la primera página del Diario de Avisos de Zaragoza el martes 6 de marzo del mismo año 1884 en la sección de noticias sueltas de la Región Aragonesa:
A consecuencia de la sumaria que se instruye en Jaca con motivo del homicidio perpetrado la semana antepasada en el pueblo de Siresa, hallánse presos doce carabineros y un cabo de aquel punto; y en la cárcel del partido, cuatro paisanos del mismo pueblo.
El suceso, resultó ser más complejo de lo que aparentaba. El presunto asesino, Juan M. N. era un joven de 25 años, soltero, natural de Siresa y de oficio labrador, hijo de Hipólito M. N. y de Jacinta N.
El 15 de marzo de 1894, el juez de instrucción de Jaca, Mariano Lanuza, dictó un requerimiento formal que se publicó en la Gaceta de Madrid (antiguo Boletín Oficial del Estado) ordenando la búsqueda, captura y conducción a la cárcel de Jaca de Juan M.N.
El sospechoso, aprovechando su perfecto conocimiento de los pasos de montaña del Valle de Echo con la frontera francesa, huyó inmediatamente después del crimen, quedando formalmente declarado como prófugo de la justicia. Según la legislación de la época (Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882) no se podía juzgar penalmente a un acusado en ausencia si el delito, como era éste, conllevaba penas graves, por lo que el Juzgado de Instrucción de Jaca tuvo que declararle en estado de "rebeldía", lo que suspendió indefinidamente el curso del juicio oral quedando el sumario abierto pero paralizado hasta que el acusado fuese capturado o se presentase voluntariamente.
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El suceso conmocionó a la localidad de Siresa , por su gravedad y porque el Cuerpo de Carabineros mantenía una tensa relación con los habitantes del Valle debido al control estricto que ejercían sobre el contrabando de subsistencia y el movimiento de mercancías con Francia.
Sin embargo, durante las primeras semanas de la instrucción por el asesinato de Antonio S. lo que se descubrió por parte de los investigadores fue la existencia de una trama de corrupción, contrabando y encubrimiento institucional que escandalizó a la provincia de Huesca y que llevó a la detención e ingreso en prisión de doce carabineros y un cabo.
Se descubrió que varios de los detenidos cobraban "peajes" o sobornos regulares de los contrabandistas del Valle de Echo por hacer la vista gorda, permitir el paso de mercancías y avisarles de las patrullas. Así mismo, Antonio S. fue presuntamente atacado por no prestarse a estas prácticas o por un conflicto interno derivado de dichos pactos. Varios de sus compañeros intentaron desviar la investigación, ocultando pruebas o prestando declaraciones falsas tanto para proteger las redes de contrabando como a ellos mismos.
En cuanto a los cuatro paisanos detenidos, lo fueron por estar presuntamente implicados en la fuga de Juan M. N. proporcionándole cobijo en bordas y organizando la logística para su huida y entorpeciendo la acción de la justicia negándose a declarar o aportando coartadas falsas para darle tiempo al prófugo a escapar.
El despliegue policial que acompañó las pesquisas reflejó que el asesinato del carabinero era la punta del iceberg y el juez instructor de Jaca no sólo buscaba al autor del asesinato (algunas informaciones hablaban de disparos de pistola y no de cuchilladas), sino desmantelar la red transfronteriza donde autoridades que debían vigilar y paisanos operaban en connivencia.
El resultado de todo este asunto fue que los paisanos, varios de ellos vinculados familiarmente al huido, fueron puestos en libertad bajo fianza unos meses después al no poder celebrarse el juicio contra el autor material, por lo que la acusación de encubrimiento se debilitó legalmente. Finalmente, sus causas terminaron sobreseídas o con penas menores de arresto que ya habían cumplido durante la prisión preventiva.
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Peor suerte llevaron los carabineros imputados, ya que sus delitos pertenecían al ámbito militar y de administración pública ( cohecho, falsedad en documento público y negligencia en la custodia de fronteras). Su caso paso a un Consejo de Guerra y sufrieron un severo castigo que quiso servir de ejemplo. Los 12 fueron expulsados fulminantemente del Cuerpo de Carabineros perdiendo todos sus derechos y pensiones y fueron condenados a penas de prisión militar que oscilaron entre los 2 y los 6 años por cohecho (al aceptar sobornos de los contrabandistas) y por negligencia temeraria al haber facilitado indirectamente el escenario que terminó con el asesinato de su compañero Antonio S.
El cuanto al presunto asesino y prófugo de la justicia, Juan M. N. no consta en los archivos que fuera capturado ni juzgado y transcurridos los plazos legales fijados por el Código Penal de la época, generalmente 20 años para delitos de sangre, su responsabilidad penal terminó prescribiendo en las primeras décadas del siglo XX extinguiéndose definitivamente la causa judicial sin que se llegara a dictar ninguna sentencia condenatoria ni absolutoria en su contra. Mientras, en esos años, rehízo su vida al otro lado de la frontera.
Reinaba en España en aquellos años Alfonso XIII de Borbón con 8 años (fue declarado rey nada más nacer, caso único en la historia) y ejercía de regente su madre María Cristina de Habsburgo viuda de Alfonso XII fallecido antes de que su mujer diera a luz a su sucesor.
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